El Gobierno español no concederá ningún tipo de ayudas ni subvenciones algunas para las adaptaciones digitales de las instalaciones de antenas terrestres ni para la compra de descodificadores por parte de los usuarios finales. Así de terminantemente lo dijo José Antonio Quintela, director de la Oficina de Tránsito a la TDT de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), perteneciente al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Esto será así porque, según el Ministerio, la Unión Europea (UE) no permite ningún tipo de ayudas, por lo que en el caso de Italia -que, en su día, concedió dos partidas de subvenciones para la compra de descodificadores interactivos- éste ha sido denunciado por la UE y actualmente, se encuentra en fase de tramitación. No obstante, el directivo quiso dejar claro que el Gobierno sí que está aportando fondos para realización los proyectos de apagado analógico incluidos dentro del Plan de Tránsito a la TDT, aprovado en septiembre del año pasado. En la última Asamblea General de la Federación Nacional de Instaladores de Telecomunicación (FENITEL), -celebrada la semana pasada en Logroño-, Quintela también puso sobre la mesa el problema que actualmente acusa España frente a las más de 16.000 viviendas con más de veinte años de antigüedad que, de momento, no tienen intención de ser adaptadas para recibir la TDT. También reconoció la necesidad de llevar a cabo una comunicación "intensa" por parte de todos los agentes implicados en este proceso de tránsito de la tecnología analógica a la digital para que esta transición se lleve a cabo de la mejor forma y lo más rápidamente posible. Finalmente, Quintela, poniendo un punto de optimismo a su ponencia, recoró que la cuota de pantalla de la TDT ya supera a la de la TV por cable y, al mismo tiempo, es el segundo tipo de televisión después de la TV analógica, de entre todas las existentes en España (satélite, cable, TV por ADSL, TDT), y que está sólo por detrás de la implantación de la TV analógica, "en claro descenso", subrayó.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio concederá una línea de crédito a las comunidades autonómicas de 558 millones de euros para acelerar la implantación de la TDT. Así, lo confiró Bernardo Lorenzo, director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de dicho Ministerio, en la última Asamblea General de la Federación Nacional de Instaladores de Telecomunicación (FENITEL), que recientemente ha tenido lugar en Logroño. En este mismo sentido, el Director señaló que el Gobierno convocará un foro de TDT de forma conjunta con las comunidades autonómicas para coordinar el despliegue de la nueva televisión y ver cómo éste se desarrolla. Por otro lado, Lorenzo anunció que el Ejecutivo español pondrá especial atención en la implantación de la TDT en los colectivos discapacitados y de ancianos, que serán "prioritarios" en este contexto.
El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, y el Presidente de Telefónica, César Alierta, firmarán, hoy, en Madrid, un convenio de colaboración entre ambas entidades para impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información, en España. Dicho acuerdo se realiza en el marco del Plan Avanza 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la Información, que prevé una serie de medidas, divididas en cinco grandes grupos de actuación: hogar y ciudadanos digitales, competitividad e innovación, educación, servicios públicos digitales y contexto digital. El acto de la firma tendrá lugar a las 16'30 horas, en la nueva sede de Telefónica, Distrito C, de Madrid.
El Congreso de los Diputados aprobó, anteayer, la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, que se enmarca en el conjunto de medidas que constituyen el Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la información y de convergencia con Europa y entre las Comunidades y Ciudades Autónomas (Plan Avanza). El Plan Avanza prevé, entre sus medidas, la adopción de una serie de iniciativas normativas dirigidas a eliminar las barreras existentes a la expansión y uso de las tecnologías de la información y a garantizar los derechos de los ciudadanos en la Sociedad de la Información. En esta línea, la Ley introduce innovaciones normativas para el impulso de la Sociedad de la Información, en España, y tiene como objetivos cubrir vacíos normativos existentes, eliminar obstáculos y potenciar los derechos de los ciudadanos en la Sociedad de la Información. En concreto, introduce una serie de modificaciones de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley de firma electrónica, que constituyen dos piedras angulares del marco jurídico en el que se desenvuelve el desarrollo de la Sociedad de la Información. Esta revisión del ordenamiento jurídico se completa con otras modificaciones menores de la Ley General de Telecomunicaciones y de la Ley de ordenación del comercio minorista. Entre las principales novedades de la Ley destacan las siguientes: • Eliminación de las barreras existentes a la expansión y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. • Garantía de los derechos de los ciudadanos en la Sociedad de la Información. • Innovaciones normativas en materia de facturación electrónica y de refuerzo de derecho de los usuarios. • Modificaciones normativas en materia de Sociedad de la Información, firma electrónica, telecomunicaciones y ordenación del comercio minorista. Principales aspectos de la nueva Ley Introducción de Internet en los principales servicios de interés para los ciudadanos.
La Ley impone a las grandes empresas (aquellas con más de 100 empleados o un volumen de operaciones superior a los 6 millones de euros), que presten servicios al público considerados como de especial trascendencia económica (electricidad, agua y gas, telecomunicaciones), la obligación de facilitar un medio de interlocución telemática con sus clientes, que mediante el uso de certificados reconocidos de firma electrónica, permita a los clientes mantener relaciones de carácter contractual con la empresa, efectuar reclamaciones y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en materia de protección de datos. En línea con esta medida, se modifica la Ley de ordenación del comercio minorista con el fin de respaldar la nueva obligación de disponer de un medio de interlocución electrónica para los servicios al público de especial trascendencia económica.
Impulso a la facturación electrónica
La Ley prevé la elaboración de un plan por parte del Gobierno o, en su caso, de las Comunidades Autónomas con competencias, para la generalización del uso de la factura electrónica en España y actuaciones de fomento de la normalización y de la interoperabilidad entre diferentes formatos. Este plan completa la obligatoriedad de la factura electrónica prevista en la Ley de Contratos del Sector Público, actualmente en tramitación. Desarrollo del comercio electrónico en España La Ley introduce novedades y ajustes en la regulación actual con el objetivo de facilitar la actividad económica por Internet: • Regulación mínima de las subastas electrónicas entre empresas (B2B), a fin de establecer un marco jurídico de mayor transparencia y seguridad, evitando la desconfianza de las empresas a la hora de participar en estos nuevos métodos de compra y prevenir cualquier tipo de práctica o competencia desleal. • Flexibilización de las obligaciones relativas a las comunicaciones comerciales y a los requisitos para la contratación por vía electrónica, en particular, para su adecuación a la telefonía móvil de datos y a otros servicios similares. • Clarificación de las reglas de valoración de la firma electrónica en juicio y flexibilización de la obligación de los prestadores de servicios de firma electrónica de comprobar los datos inscritos en registros públicos, con el fin de eliminar cargas excesivas.
Clarificación del marco regulador para la restricción de servicios
Se clarifica, por otro lado, el marco regulador para las posibles restricciones de servicios de la Sociedad de la Información por parte de los órganos competentes. En este sentido, la ley establece el procedimiento intracomunitario conforme al cual debe actuar el órgano competente que, en virtud de sus competencias establecidas en su propia normativa reguladora (aplicables al mundo físico y al ámbito electrónico), adopte medidas de restricción respecto de servicios provenientes de países del Espacio Económico Europeo (EEE). Igualmente, la ley aclara la regulación del deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación para los supuestos en que un órgano competente ha decidido, de acuerdo con su propia normativa, que hay que interrumpir o bloquear un servicio. La autorización de la restricción de páginas de Internet, cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en el artículo 20 de la Constitución, sólo podrá ser ejercida por los órganos jurisdiccionales competentes.
Mayor seguridad en Internet
La Ley obliga a los proveedores de acceso a Internet a informar a sus usuarios sobre medios técnicos que permitan la protección frente a los problemas de seguridad en Internet (virus informáticos, programas espías, spam) y sobre las herramientas para el filtrado de contenidos no deseados. Asimismo, los prestadores de servicios deberán informar a sus clientes sobre las medidas de seguridad que apliquen en la provisión de sus servicios. Adicionalmente, el Gobierno elaborará un nuevo plan de actuaciones para la mejora de los niveles de seguridad y confianza en Internet, que incluirá medidas frente a códigos maliciosos, correos electrónicos no solicitados (spam) y mensajes engañosos o fraudulentos (phising). Internet más accesible para discapacitados y personas de edad avanzada. Por otra parte, la Ley establece que las páginas de Internet de las Administraciones Públicas satisfarán el nivel medio de accesibilidad (según los criterios de accesibilidad generalmente reconocidos) antes del 31 de diciembre de 2008. Este mismo requisito será aplicable a las páginas de las empresas con especial trascendencia económica, obligadas a facilitar un medio de interlocución telemática con sus clientes.
Refuerzo de la protección de los derechos de los usuarios en materia de telecomunicaciones
La Ley también tipifica de manera expresa como infracción administrativa la vulneración por parte de los operadores de los derechos de los consumidores y usuarios en el ámbito de las telecomunicaciones.
Extensión de la conectividad de banda ancha
La Ley establece que el Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, impulsará la extensión de la Banda Ancha para que exista la mayor cobertura posible antes del 31 de diciembre de 2008, independientemente de la tecnología utilizada. Disponibilidad de nombres de dominio “.es” con caracteres propios de las lenguas españolas La Ley establece que la entidad Red.es adoptará las medidas necesarias para asegurar que puedan asignarse nombres de dominio “.es” que contengan caracteres propios de las lenguas españolas distintos de los incluidos en el alfabeto inglés, como la “ñ” o la “ç”, en un plazo máximo de tres meses de la entrada en vigor de la Ley.
Mejora de la información disponible del sector TIC en España
Con el fin de facilitar la elaboración de estadísticas y de indicadores, se atribuye al Ministerio de Industria; Turismo y Comercio la facultad de recabar de los agentes que operan en el sector TIC de la información necesaria. Esta medida se llevará a cabo sin que se pidan datos que ya obran en poder de otros organismos en ejercicio de sus competencias.
Televisión de proximidad sin ánimo de lucro
La Ley establece que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio planificará frecuencias para la gestión individual del servicio de televisión local de proximidad por parte de entidades sin ánimo de lucro que se encuentren habilitadas para emitir al amparo de la Ley de Televisión Local por Ondas Terrestres, siempre que disponga de frecuencias para ello. Tienen la consideración de servicios de difusión de televisión en proximidad aquellos sin finalidad comercial que, utilizando las frecuencias que en razón de su uso por servicios próximos no estén disponibles para servicios de difusión de televisión comercialmente viables, están dirigidos a comunidades en razón de un interés cultural, educativo, étnico o social. El canal de televisión difundido lo será siempre en abierto. Su programación consistirá en contenidos originales vinculados con la zona y comunidad a la que vayan dirigidos y no podrá incluir publicidad ni televenta, si bien se admitirá el patrocinio de sus programas. Las comunidades autónomas adjudicarán las correspondientes concesiones para la prestación de servicios de televisión de proximidad. Las concesiones se otorgarán por un plazo de cinco años y podrán ser renovadas hasta en tres ocasiones. Regulación del juego El Gobierno presentará un Proyecto de Ley para regular las actividades de juego y apuestas, en particular las realizadas a través de sistemas interactivos basados en comunicaciones electrónicas. La nueva regulación deberá ser compatible con la normativa de protección de los menores, de la juventud, de grupos especialmente sensibles de usuarios así como de los consumidores en general. El Proyecto de Ley deberá articular un sistema de control sobre los servicios de juego y apuestas por sistemas interactivos que garantice unas condiciones de mercado plenamente seguras y equitativas para los operadores de estos sistemas y unos adecuados niveles de protección de los usuarios. También deberá establecer un sistema de tributación sobre los servicios de juegos y apuestas por sistemas interactivos atendiendo al origen de las operaciones objeto de tributación. La nueva normativa establecerá que la actividad de juego y apuestas a través de sistemas interactivos basados en comunicaciones electrónicas sólo podrá ejercerse por aquellos operadores autorizados por la Administración Pública competente. Además, se establecerán las medidas necesarias para impedir la realización de publicidad por cualquier medio, así como la prohibición de utilizar cualquier medio de pago existente en España.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Orden Ministerial que aprueba la nueva versión del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), que sustituye a la actualmente vigente. El CNAF establece la distribución del espectro radioeléctrico entre los distintos servicios de radiocomunicaciones, para los que constituye el soporte imprescindible de transmisión de la información. La telefonía móvil, la radio, la televisión y las comunicaciones por satélite, entre otras, utilizan el espectro radioeléctrico. Por este motivo se hace necesario evaluar periódicamente las necesidades de comunicación y las previsiones de desarrollo de cada uno de los servicios, reservándole las porciones de espectro que en cada caso resulten adecuadas. Con esta nueva Orden Ministerial se actualizan sus contenidos y se recogen las últimas recomendaciones de la Unión Europea y de los organismos internacionales especializados -la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT).
Actualizaciones
Entre las actualizaciones realizadas se encuentra la autorización del uso de los dispositivos de identificación por radiofrecuencia (RFID) en la banda 865-868 MHz. Además, se ha aprobado y regulado el uso de dispositivos que utilizan la tecnología de identificación por radiofrecuencia. Se prevé una gran aplicación de estos aparatos en servicios como la identificación automática de artículos, sistemas de alarma y seguridad, sistemas de localización y seguimiento, sistemas de gestión de residuos, transferencia de datos a dispositivos portátiles y sistemas de control inalámbricos. También se han incluido los nuevos dispositivos de corto alcance y de banda ultraancha, que emiten muy baja potencia y con un corto alcance pero con un gran ancho de banda. Esto permitirá el desarrollo de una gran variedad de nuevas aplicaciones relacionadas con la localización, las aplicaciones médicas y la transmisión de imágenes, que requieren de velocidades de acceso muy altas. El desarrollo de dispositivos basados en estas tecnologías contribuirá al desarrollo de la Sociedad de la Información, a promover la innovación y al desarrollo del mercado interno en el ámbito de la Unión Europea. Asimismo, se han habilitado frecuencias en las bandas de 10 MHz y 174 MHz para atender las necesidades planteadas para dispositivos de ayuda auditiva con baja potencia, para su aplicación en las necesidades específicas de los colectivos afectados por dicha discapacidad en actividades relacionadas fundamentalmente con la enseñanza y de carácter cultural. Con esta Orden se ha suprimido la necesidad de autorización individual para que el colectivo de radioaficionados utilice la banda 50-52 MHz en sus comunicaciones. Se han actualizado también los usos de los dispositivos de corto alcance y la canalización del servicio fijo en la banda de 10 GHz, y también se prevén nuevos usos en las bandas de 900 MHz y 1800 MHz con sistemas capaces de proporcionar servicios de comunicaciones electrónicas de ámbito paneuropeo.
El secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Francisco Ros, ha reconcido, recientemente, en Madrid, que sería un error no incorporar en un futuro espacios de Televisión Digital Terrestre en modalidad de pago por visión aunque, al mismo tiempo, ha advertido de que las licencias ya concedidas no contemplan esta posibilidad. Al mismo tiempo, Ros se ha mostrado consciente de que esta modalidad ya se está probando en otros países de la Unión Europea con cierto éxito, como el caso de Italia. A pesar de no haberse recibido peticiones concretas, el Ministerio de Industria conoce el interés por parte de algunos radiodifusores españoles en que se considere la posibilidad de ofrecer eventos de pago. Jaume Roures, directivo de la productora Mediapro (principal accionista de laSexta), ya se ha pronunciado al respecto y, a principios de este mes, se constituía la sociedad Dahlia Televisión, en busca de una plataforma independiente de TDT de pago en España, que aúne a todos los radiodifusores de la TDT. Pero el Secretario ha querido dejar claro que las licencias ya concedidas lo han sido en unas determinadas condiciones (en abierto), al tiempo que ha advertido de que si algún operador no ve su explotación factible siempre tendrá abierta la posibilidad de devolver su licencia.
De nuevo, a vueltas con la Ley del Audiovisual, que no acaba de aprobarse. Ahora, el ministro de Industria, Joan Clos, ha asegurado, en Madrid, que el Gobierno ve necesaria la reforma de esta ley aunque ha subrayado la importancia de llegar a un consenso previo entre las fuerzas políticas para garantizar su estabilidad y evitar riesgos de incumplimiento. Durante su intervención en una jornada del sector audiovisual, organizada ayer por la escuela de negocios IESE, Clos ha justificado el hecho de que todavía no exista esta nueva ley, comprometida por el Ejecutivo socialista, por la dificultad de llegar a un acuerdo amplio. Destacados representantes del sector audiovisual han reclamado la necesidad de una ordenación o regulación en España dada la profunda transformación de los últimos años, en especial por la convergencia del sector audiovisual y las nuevas tecnologías. El director general de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació, Joan Majó, ha calificado en su intervención de "caótico" el sector audiovisual en España y ha reclamado "un debate urgente" sobre la manera de ordenar la complejidad actual, al igual que ha hecho el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, Manuel Angel Vázquez. Por su parte, el presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), Josep Maria Carbonell, ha calificado de "anacrónico" y "obsoleto" el actual modelo legislativo, al tiempo que ha reclamado que España deje de ser la excepción europea al no contar con ningún organismo independiente de regulación de los medios audiovisuales.
Debate necesario
Por otro lado, el secretario de Medios de Comunicación de la Generalitat, Albert Sáez, ha instado también a que se abra un debate sobre la regulación general del sector y ha advertido de que, en la actualidad, tener un canal ya no es suficiente y que "el contenido empieza a ser más importante que el continente". Por otra parte, el ministro de Industria se ha mostrado partidario de favorecer la explotación comercial de la banda libre del espectro radioeléctrico, una vez se implante por completo la TDT, y se haya hecho realidad el apagón analógico. Clos, que ha asegurado que este espectro "será regulado" para facilitar la competencia sin que se produzcan situaciones de abusos, ha subrayado que, antes de dar un valor a este espacio, habrá que "limpiarlo". En esta línea, ha apuntado que una vía para limpiarlo de las centenares de estaciones de TV que operan en la "alegalidad" sería la fusión de estas televisiones para ocupar menos espectro.
España quiere llegar a los niveles europeos en lo que a penetración de nuevas tecnologías se refiere. Así, el Gobierno ha anunciado que presupuesto del programa Avanza para la convergencia con Europa en Sociedad de la Información será de 1.800 millones de euros, en 2008. De este modo, entre entre 2006 y 2008, el Gobierno habrá dedicado casi 4.500 millones de euros al desarrollo de la Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Asimismo, todas las convocatorias de ayudas y subvenciones de programas destinados al desarrollo de las TIC se concentrarán en una única convocatoria con siete subprogramas, con un importe global de 732 millones de euros. Los siete subprogramas son en el apartado de Economía Digital, destinado a fomentar el uso de las tecnologías en las empresas y se dividen en: Avanza formación, Avanza I+D y Avanza Pyme; y dentro del área de Ciudadanía Digital: Avanza Ciudadanía, Avanza Servicios Públicos Digitales, Avanza Infraestructuras y Avanza Contenidos. El Plan Avanza, integrado en el Programa Ingenio 2010, auspiciado por el Gobierno español, intenta impulsar la I+D+i, a través de la utilización de las TIC con el fin de promover un modelo de crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la productividad, la promoción de la igualdad social y regional y la mejora del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, mientras que su principal objetivo es que las TIC alcancen el 7 por ciento del PIB en 2010.
El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, ha anunciado la celebración del I Foro Internacional de Contenidos Digitales (FICOD), que tendrá lugar en Madrid los días 6, 7 y 8 de noviembre, en el recinto ferial IFEMA (Madrid). El FICOD está organizado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de Red.es, y tiene la finalidad de convertirse en referente en el circuito internacional de eventos para esta industria de enorme expansión en todo el mundo. Para conseguir ese objetivo, contará con la asistencia de profesionales nacionales e internacionales de reconocida experiencia en sus áreas de actividad. El I Foro Internacional de Contenidos Digitales se enmarca dentro del Plan Estratégico diseñado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para impulsar un sector con un gran potencial de crecimiento y que debe afrontar los retos de los nuevos modelos de negocio y de explotación de los contenidos digitales. Este foro tiene vocación de continuidad y su periodicidad será anual. En el Foro, se analizará la evolución de la industria de los contenidos en una sociedad globalizada en la que las nuevas generaciones se enfrentarán a un panorama cambiante en el que los medios y sus contenidos se ajustarán a nuevos modelos. Un escenario complejo en el que la televisión, Internet, los móviles y las videoconsolas mostrarán todo su potencial para exhibir nuevos contenidos digitales y atraer a los consumidores. Su objetivo es crear un espacio de relación donde poder mostrar proyectos, buscar sinergias, vías y fórmulas de financiación, creación y distribución; conocer, en definitiva, mejores prácticas en la industria nacional e internacional de contenidos digitales y nuevos modelos de negocio para su crecimiento y expansión. Adicionalmente, el Foro permitirá a la industria nacional exhibir sus capacidades y establecer un hito en la agenda internacional. Finalmente, en el FICOD habrá talleres demostrativos de las capacidades innovadoras de las empresas del sector de contenidos en el nuevo entorno digital.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha resuelto la convocatoria de la fase II del Programa de Extensión de la Banda Ancha en zonas rurales y aisladas. El programa se enmarca en el Plan Avanza y el programa operativo FEDER “Sociedad de la Información” de la Unión Europea y se realiza en cooperación con las comunidades autónomas. Tras la convocatoria para esta segunda fase del programa, se han aprobado nuevos proyectos para 14 comunidades autónomas (Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Cantabria, Asturias, Canarias, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Cataluña, Madrid y Navarra) y las dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla). Por su parte, Extremadura, La Rioja y País Vasco disponen de planes propios, pero colaboran desde 2007 con el Programa. Esta nueva fase beneficiará a 2.781 municipios, 9.337 núcleos de población y casi 1,2 millones de ciudadanos. Para ello, Industria ha concedido ayudas de 3.088.795 euros en subvenciones y 16.197.026 euros en créditos reembolsables a los operadores seleccionados. Está previsto que las compañías realicen inversiones cercanas a los 32 millones de euros en el período 2007-2008. El objetivo del Programa de Extensión de Banda Ancha es conseguir en 2008 la máxima disponibilidad de servicios de banda ancha en el territorio español, en condiciones técnicas y económicas similares a las actualmente existentes en las zonas urbanas, todo ello en coordinación con iniciativas análogas de las Comunidades Autónomas. En las convocatorias del programa de 2005 y 2006 (fase I) se aprobaron proyectos para once Comunidades Autónomas (Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Cantabria, Asturias, Canarias, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia) para permitir acceder a servicios de banda ancha a una población de casi 6,5 millones de habitantes distribuida en 3.769 municipios y 49.297 núcleos de población con carencias totales o parciales de banda ancha. Las dos fases del programa, que concluirá en 2008, permitirán extender servicios de telecomunicaciones de banda ancha a más de 58.600 núcleos habitados en los que residen alrededor de 7,6 millones de personas. Estos núcleos se distribuyen en 5.706 de los 8.108 municipios que existen en España y no contaban al inicio del programa con una oferta suficiente de servicios de banda ancha. Según datos de 25 de junio, el Programa de Extensión de la Banda Ancha ya ha llevado esta tecnología a 3.406 municipios, 42.532 núcleos de población y casi 6 millones de habitantes, lo que supone que ya cuenta con servicio de Internet a alta velocidad el 92 por ciento de los ciudadanos que viven en las zonas incluidas en la primera fase del programa.
Thomas Wrede, responsable de los sistemas de recepción de SES Astra
SES Astra anunció recientemente haber alcanzado un acuerdo con los principales operadores Europeos de televisión y fabricantes del sector de la electrónica de consumo con el objetivo de promover la introducción de la TV3D, con la definición de las especificaciones técnicas mínimas para este tipo de transmisiones. Thomas Wrede, responsable de los sistemas de recepción de SES Astra, nos explica de que se trata.
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