Desde hace diez años el Ajuntament viene apostando por las últimas tecnologías

El Ayuntamiento de Reus está liderando el despliegue de telefonía IP en Cataluña como parte de una clara apuesta por los beneficios de los servicios de banda ancha. Con más de 200 terminales IP ubicados en 13 edificios asentados sobre diferentes infraestructuras de telecomunicaciones como fibra óptica, Wi-Fi o ADSL, el Ajuntament se está beneficiando de una reducción de los costes de inversión y del mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones. Otros beneficios obtenidos con la telefonía IP son la flexibilidad y simplicidad de la infraestructura, la alta redundancia y la posibilidad de dar una cobertura total de banda ancha al municipio mediante la incorporación de tecnologías propietarias de fibra óptica, Wi-Fi o ADSL. De hecho, como parte de un ambicioso proyecto iniciado hace diez años para situar al Ajuntament a la vanguardia tecnológica, la entidad cuenta con una red propia de más de 13 kilómetros de canalizaciones con más de 135 kilómetros de fibra óptica que permite la interconexión de 40 edificios a lo largo del municipio. “Durante los últimos 10 años hemos estado cimentando las bases de una auténtica ciudad digital asentada sobre las ventajas de las tecnologías de banda ancha como la fibra óptica”, explica Carles Salas Martí, teniente alcalde y concejal de Societat del Coneixement de Reus. “Pero nuestra apuesta no se queda aquí. Con la incorporación de nuevas tecnologías y servicios avanzados, y la colaboración de compañías como Unitronics Comunicaciones, queremos seguir siendo un ejemplo de innovación para que nuestros ciudadanos tengan los mejores y más cómodos servicios”, añade. Con la ayuda de Unitronics, el Ajuntament inició en marzo de 2003 el despliegue de la telefonía IP con una solución de Gestor de Llamadas (Call Manager v.3.3) y terminales de Cisco Systems. Recientemente, en mayo de este año, se ha procedido a la instalación de un segundo Call Manager (v.4.0) que además de proporcionar redundancia a la infraestructura está facilitando la integración de la telefonía convencional y las telecomunicaciones.

El DURSI solicita a Europa la ampliación del servicio universal de comunicaciones electrónicas

El Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información (DURSI) de la Generalitat de Catalunya ha enviado un documento de propuestas a la Comisión Europea en respuesta a la consulta pública que abrió a finales de mayo para redefinir el servicio universal de comunicaciones electrónicas. El texto, elaborado por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya (CTTI), presenta la situación actual catalana en el ámbito de la telefonía móvil y del acceso a Internet, aportando datos estadísticos, y desgrana los objetivos y las iniciativas que el Gobierno de la Generalitat considera necesarios alcanzar y ejecutar dentro de este marco, antes del 2008, tal como indica el Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones. Este texto pretende conseguir que la Comisión Europea se plantee, antes de la próxima revisión trienal, ampliar el servicio universal y apostar por una solución de máximos. En este sentido el conseller del DURSI, Carles Solà, asegura que “el acceso a las comunicaciones electrónicas aún no está garantizado por igual a todos los ciudadanos de Catalunya y por tanto, es preciso regular la prestación de estos servicios bajo el punto de vista de servicio universal”. La situación en Catalunya viene condicionada por el actual servicio universal de telecomunicaciones (Directiva 2002/22/CE de 7 de marzo del 2002), que consiste en una solución de mínimos que se centra en proporcionar a los usuarios, que así lo soliciten, una conexión a la red de telefonía pública desde una ubicación fija y a un precio asequible. Estas conexiones tienen que permitir la transmisión de voz y datos a una velocidad de tan solo 56 kbits/s. En cambio, el modelo catalán de comunicaciones electrónicas apuesta por garantizar que cualquier ciudadano o ciudadana de Catalunya, o cualquier empresa catalana, pueda acceder en igualdad de condiciones, tanto económicas como de calidad de servicio, a un servicio mínimo de comunicaciones electrónicas, independientemente del lugar de residencia. En este sentido, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya considera que este servicio tiene que integrar el servicio de telefonía fija, el servicio móvil de voz y datos de banda estrecha (GSM/GPRS), la radio i televisión públicas de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), los servicios de comunicación audiovisual públicos de los entes locales de su demarcación, y los servicios de acceso a Internet por banda ancha (actualizable). La revisión trienal de la directiva de la Comunidad que regula la obligación de ofrecer servicios de telecomunicaciones a todos los ciudadanos europeos, sin excepción, recogió que la propia evolución tecnológica está superando la definición de servicio universal y destacó que la telefonía móvil y el acceso a la banda ancha son dos servicios que serán imprescindibles para cualquier ciudadano en un futuro próximo. Con todo, la Comisión no quiso proclamar de momento ninguno de estos servicios como universales y abrió una consulta pública para recibir las aportaciones de los agentes implicados. En referencia a esta conclusión, el conseller Solà comenta “no estamos de acuerdo en descartar del concepto de servicio universal tanto la telefonía móvil como el acceso a la banda ancha y en el documento que hemos elaborado, demostramos que en Catalunya, actualmente, se cumplen las condiciones para modificar el alcance de estos servicios e incluir las comunicaciones móviles.” Y añade “De los datos que se recogen en el informe elaborado por el CTTI, se extrae que en Catalunya hay 379 núcleos de población, con menos de 500 habitantes, que sufren déficit en la cobertura del servicio de telefonía móvil de alguno de los diferentes operadores; de estas poblaciones, 211 no disponen de ninguna cobertura. Desde el Departamento estamos trabajando para solucionar estas deficiencias y ya se han ejecutado acciones que han beneficiado a más de 80 poblaciones. Como líneas de trabajo posibles para solucionar estas deficiencias planteamos el roaming entre los operadores en los núcleos con menos población, y actuaciones concretas como la instalación de repetidores rurales en los núcleos más poblados. La inversión para ejecutar estas acciones (roaming y repetidores rurales) oscilaría, para cada operador, entre los 3 y 5 millones de euros, y entre los 2 y 3 millones de euros por parte de la administración pública que se destinarían a infraestructura.”

El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) ve negativa la posible concesión de dos nuevas licencias de canales privados de televisión de ámbito nacional. Según Francesc Codina, presidente del CAC, la nueva oferta desestabilizaría el panorama audiovisual autonómico ya que "la desproporción entre el impacto del castellano y el catalán sería mayor". Como solución, ha propuesto que, de concederse nuevas licencias, las sedes se instalen en Barcelona y que, al menos, "arrastren positivamente la industria audiovisual catalana".
Por otro lado, Codina ha considerado como "muy positiva" la creación de un consejo del audiovisual a nivel estatal, siempre y cuando éste no le reste competencias.

Las zonas alejadas de los núcleos urbanos también tienen la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías.La Generalitat de Catalunya y la Seo de Urgel han firmado un protocolo de colaboración que permitirá poner en marcha el Centro Tecnológico del Alto Pirineo (CTAP) para acercar las nuevas tecnologías a la zona. De este modo, el Centro actuará como lugar de referencia tecnológico para todo el territorio del Alto Pirineo e implicará una nueva estrategia para acercar la innovación, asistencia técnica e investigación a los ámbitos no metropolitanos y especialmente, al mundo rural. La creación de dicho Centro también prevé el despliegue integral de las infraestructuras de telecomunicaciones de banda ancha con todas las aplicaciones que éstas permiten.

La Generalitat de Catalunya ha recurrido el Plan Técnico de Televisión Digital Local en aras a conseguir más múltiplex, porque en la situación actual, sus responsables consideran que la Comunidad Autónoma sale "muy perjudicada".
El Plan adjudica veinte múltiplex a Catalunya de los 266 múltiplex a todo el Estado. Pero esta Comunidad registra entre el 13 y el 14 por ciento de las televisiones locales de todo el país. En este sentido, Santiago Ramentol, subdirector general de Medios Audiovisuales de la Generalitat, ha criticado recientemente que el Plan Técnico no tenga en cuenta que hay comarcas catalanas con mayor densidad de televisiones locales que otras. Así, ha calificado el reparto llevado a cabo por el Ejecutivo central de "poco esmerado" y ha asegurado que "se trabajará para buscar todas las vías posibles para aumentar el número de canales en Cataluña y también para asegurar la cobertura al mayor número de poblaciones catalanas".
Por otra parte, Ramentol también ha comentado que es posible que el nuevo Gobierno modifique el Plan para adaptarlo mejor a la realidad actual de la televisión digital terrestre (TDT) y a las necesidades de las diferentes comunidades autónomas en lo que respecta a las televisiones locales existentes.
Por otro lado, el Subdirector General de Medios ha dicho que, desde el punto de vista de la Generalitat, sería deseable que el tránsito a la digitalización fuese asumido por los radiodifusores de ámbito estatal y autonómico para, cuando el proceso de migración esté más avanzado y la tecnología más implantada a nivel de la población, "integrar finalmente al ámbito local". Según él, a finales de este año o principios del que viene, se podría convocar, en Catalunya, el concurso para otorgar las concesiones de TDT local, siempre y cuando no se suspenda la norma después del recurso presentado por la Generalitat.

El Gobierno catalán tiene previsto presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para defender sus competencias en materia de medios audiovisuales, tanto en las concesiones, como en los contenidos de las televisiones autonómicas y locales. Dicha decisión consiste en impugnar la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado del 2004, en concreto, su disposición adicional 30. Esta disposición establece que las TV's autonómicas y locales han de emitir programas originales durante un mínimo de 4 horas diarias y 32 semanales; que estas 4 horas deben emitirse entre las 13 y las 16 horas y entre las 20 y las 23 horas y que los contenidos de dichas franjas horarias deben estar relacionados con el ámbito territorial de cobertura. El Gobierno catalán entiende al respecto que entrar a regular el contenido de las concesiones no sólo estatales, sino también autonómicas y locales "no respeta el orden constitucional de distribución de competencias". De este modo, el recurso que presentará se fundamenta en una sentencia anterior del Constitucional, en la que establece que "cuando la administración competente para otorgar la concesión es la autonómica, debe ser ésta la que también establezca el contenido".
En relación a la creación de nuevos canales, la Ley de Acompañamiento contempla el nacimiento de televisiones digitales autonómicas y locales, aunque sólo permite que emitan de manera simultánea un máximo de 5 horas al día y 25 horas semanales. Ante ello, la Generalitat ha manifestado que "esta regulación se contradice con la establecida por la Ley de TV's Locales por Ondas Terrestres" de 1995, que reconoce a las comunidades autónomas las competencias para autorizar emisiones en cadena.