 Rechazan crear una autoridad europea de las telecomunicaciones
Publicada el Viernes 30 de Noviembre 2007 00:00
Los 27 países miembros de la Unión Europea (UE) han rechazado de plano la creación de una autoridad europea del mercado de las telecomunicaciones. En concreto, España, Alemania y Rumanía se han opuesto a la separación funcional de los operadores dominantes de telecomunicaciones y Reino Unido, Italia y Países Bajos la respaldan. Los ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea debatieron, ayer, por vez primera, la reforma de las telecomunicaciones, presentada por la Comisión y rechazaron, de manera casi unánime, una de sus principales novedades, la creación de una autoridad europea de este mercado, por considerar que es innecesaria, traerá más burocracia y socavará la autoridad de los reguladores nacionales. La otra propuesta "estrella" del Ejecutivo comunitario, la división funcional -que consiste en dar poderes a los reguladores nacionales para que puedan forzar a los operadores dominantes, como Telefónica en España, a separar el departamento de servicios y el de gestión de redes-, fue acogida con división de opiniones. España, Alemania y Rumanía expresaron su rechazo, mientras que Reino Unido, Italia y Países Bajos la respaldaron.
Todos los ministros aseguraron, además, estar de acuerdo con los objetivos de la reforma del sector de las telecomunicaciones, es decir, fomentar la competencia y reforzar la protección de los usuarios. Del mismo modo apoyaron la propuesta de Bruselas de introducir una mayor flexibilidad en la gestión del espectro radioeléctrico y consagrar el principio de neutralidad tecnológica y de servicios, aunque reclamaron que sean las autoridades nacionales las que tengan la última palabra en cuestiones de espectro.
El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de España, Francisco Ros, dijo que "la solución a los problemas de armonización no pasa necesariamente por la creación de un regulador europeo con competencias, sino, más bien, por el establecimiento de reglas claras, estables y transparentes, que proporcionen seguridad jurídica a los agentes, impulsen de manera decidida esa armonización y eliminen privilegios".
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