El DURSI solicita a Europa la ampliación del servicio universal de comunicaciones electrónicas

Publicada el Jueves 21 de Julio 2005 00:00

El Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información (DURSI) de la Generalitat de Catalunya ha enviado un documento de propuestas a la Comisión Europea en respuesta a la consulta pública que abrió a finales de mayo para redefinir el servicio universal de comunicaciones electrónicas. El texto, elaborado por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya (CTTI), presenta la situación actual catalana en el ámbito de la telefonía móvil y del acceso a Internet, aportando datos estadísticos, y desgrana los objetivos y las iniciativas que el Gobierno de la Generalitat considera necesarios alcanzar y ejecutar dentro de este marco, antes del 2008, tal como indica el Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones. Este texto pretende conseguir que la Comisión Europea se plantee, antes de la próxima revisión trienal, ampliar el servicio universal y apostar por una solución de máximos. En este sentido el conseller del DURSI, Carles Solà, asegura que “el acceso a las comunicaciones electrónicas aún no está garantizado por igual a todos los ciudadanos de Catalunya y por tanto, es preciso regular la prestación de estos servicios bajo el punto de vista de servicio universal”. La situación en Catalunya viene condicionada por el actual servicio universal de telecomunicaciones (Directiva 2002/22/CE de 7 de marzo del 2002), que consiste en una solución de mínimos que se centra en proporcionar a los usuarios, que así lo soliciten, una conexión a la red de telefonía pública desde una ubicación fija y a un precio asequible. Estas conexiones tienen que permitir la transmisión de voz y datos a una velocidad de tan solo 56 kbits/s. En cambio, el modelo catalán de comunicaciones electrónicas apuesta por garantizar que cualquier ciudadano o ciudadana de Catalunya, o cualquier empresa catalana, pueda acceder en igualdad de condiciones, tanto económicas como de calidad de servicio, a un servicio mínimo de comunicaciones electrónicas, independientemente del lugar de residencia. En este sentido, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya considera que este servicio tiene que integrar el servicio de telefonía fija, el servicio móvil de voz y datos de banda estrecha (GSM/GPRS), la radio i televisión públicas de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), los servicios de comunicación audiovisual públicos de los entes locales de su demarcación, y los servicios de acceso a Internet por banda ancha (actualizable). La revisión trienal de la directiva de la Comunidad que regula la obligación de ofrecer servicios de telecomunicaciones a todos los ciudadanos europeos, sin excepción, recogió que la propia evolución tecnológica está superando la definición de servicio universal y destacó que la telefonía móvil y el acceso a la banda ancha son dos servicios que serán imprescindibles para cualquier ciudadano en un futuro próximo. Con todo, la Comisión no quiso proclamar de momento ninguno de estos servicios como universales y abrió una consulta pública para recibir las aportaciones de los agentes implicados. En referencia a esta conclusión, el conseller Solà comenta “no estamos de acuerdo en descartar del concepto de servicio universal tanto la telefonía móvil como el acceso a la banda ancha y en el documento que hemos elaborado, demostramos que en Catalunya, actualmente, se cumplen las condiciones para modificar el alcance de estos servicios e incluir las comunicaciones móviles.” Y añade “De los datos que se recogen en el informe elaborado por el CTTI, se extrae que en Catalunya hay 379 núcleos de población, con menos de 500 habitantes, que sufren déficit en la cobertura del servicio de telefonía móvil de alguno de los diferentes operadores; de estas poblaciones, 211 no disponen de ninguna cobertura. Desde el Departamento estamos trabajando para solucionar estas deficiencias y ya se han ejecutado acciones que han beneficiado a más de 80 poblaciones. Como líneas de trabajo posibles para solucionar estas deficiencias planteamos el roaming entre los operadores en los núcleos con menos población, y actuaciones concretas como la instalación de repetidores rurales en los núcleos más poblados. La inversión para ejecutar estas acciones (roaming y repetidores rurales) oscilaría, para cada operador, entre los 3 y 5 millones de euros, y entre los 2 y 3 millones de euros por parte de la administración pública que se destinarían a infraestructura.”

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